Cuba
- Agencias
El lejano sueño de comprar un auto en Cuba
Hay solo 11 agencias estatales de ventas en todo el país para los 11 millones de habitantes de la isla, los mismos concesionarios que podría haber en una modesta ciudad latinoamericana.
No es el típico concesionario de automóviles. Ubicado a pocos metros del mar, decenas de vehículos fueron estacionados en un amplio terreno y lucen cubiertos de polvo bajo el intenso sol caribeño. Algunos se ven oxidados y un custodio, sentado y con cara de aburrimiento, espera a unos clientes que no se ven por ninguna parte.
La lista de precios, colgada en una cerca de alambre verde, explica el porqué de las ausencias de compradores: un Citroen C3 compacto, usado, de seis años de antigüedad, cuesta 46.000 dólares, cuando en Inglaterra puede conseguirse uno nuevo por unos 15.000 dólares.
La euforia con que los cubanos saludaron en enero una reforma que les permitió comenzar a comprar vehículos sin tener que tramitar un permiso especial por primera vez en décadas, se convirtió rápidamente en una decepción cuando se publicaron los precios; un malestar que luego se intensificó cuando las autoridades informaron que solo habían vendido 50 coches en el país, en los seis meses que tiene de vigencia la ley.
Para adquirir un vehículo, el cubano promedio demoraría cientos de años puesto que su salario promedio es de 20 dólares. "Con esos precios obviamente ellos no querían vender muchos coches, y no lo hicieron", dijo Philip Peters, analista y director del Centro de Estudios sobre Cuba en Virginia, Estados Unidos. "Los únicos consumidores cubanos que pueden permitirse comprar (estos automóviles) son probablemente los músicos que lograron unas regalías buenísimas por su último disco, o quienes cobraron sumas fabulosas cuando vendieron su casa familiar. ¡Es una muy, muy pequeña porción de la población en la que se podría pensar en ofrecerles tales precios y, como vemos, una franja aún más pequeña que en realidad decidió pagarlo!".
Como él, otros analistas consideran que la política parece funcionar exactamente como se diseñó, para mostrar una imagen de flexibilidad de parte del gobierno al levantar unas limitaciones, pero vender la menor cantidad posible de carros.
Muchos esperaban que el asunto de la venta de los vehículos se desarrollara en la misma cuerda de flexibilización de reformas pasadas impulsadas por el presidente Raúl Castro, quien antes había autorizado la creación de un mercado de bienes raíces, la expedición de licencias para abrir pequeños negocios, el usufructo de tierras o haber abierto una bolsa de empleos independiente al Estado, antes único empleador.
Aquel día de enero cuando se levantó la restricción, los cubanos abarrotaron las agencias de venta y cientos de personas pegaron su nariz a los vidrios mientras miraban atónitos los precios. Unos se reían nerviosos, otros expresaban su frustración.
Algunos pensaron que podría suceder como con la telefonía celular, cuya contratación estuvo prohibida para los cubanos en los 90, pero cuando se abrió en la pasada década los iniciales precios astronómicos luego bajaron a tarifas razonables.
Sin embargo, un reciente recorrido por varios concesionarios en La Habana encontró los mismos márgenes de beneficio, del 400 por ciento para los vendedores. Ni un solo cliente potencial estaba en esos locales y los empleados se negaron a hablar con los periodistas, aunque uno confirmó que los precios de la etiqueta engomada no habían bajado.
Las posibilidades van desde unos 25.000 dólares para un vehículo de producción china, usado, y sin los papeles propios para el pago de impuestos, a un máximo de 262.000 dólares por un Peugeot 508 nuevo, que es un coche familiar que costaría $ 53.000 en el Reino Unido.
Hay solo 11 agencias estatales de ventas en todo el país para los 11 millones de habitantes de la isla, los mismos concesionarios que podría haber en una modesta ciudad latinoamericana.
No se cuenta con una cifra del parque vehicular cubano, escaso y repleto de automóviles viejos, pero el indicador del bajo consumo de combustible demuestra su nula presencia. "Hoy Cuba consume diariamente alrededor de 140.000 barriles diarios de petróleo, de eso solamente alrededor de 6.000 barriles diarios de gasolina, dijo a la AP Jorge Piñón, experto en energía de la Universidad de Texas. "Es uno de los países en América Latina que tiene el consumo más bajo de gasolina".
Según Piñón el argumento de que las autoridades temerían no poder afrontar la demanda de gasolina no es viable, aunque la infraestructura vial de la isla no está en condiciones de soportar la llegada masiva de nuevos autos. El país recibe decenas de miles de barriles de petróleo al día en vendidos en condiciones preferenciales por parte del gobierno socialista de Venezuela, una fuente que se ha mantenido estable pese a la reciente incertidumbre política en la nación sudamericana.
Según el experto Peters, el gobierno cubano no ve como una prioridad la compra de vehículos en el extranjero y prefiere gastarse las pocas divisas con las cuales cuenta en productos como alimentos o insumos industriales.
"El gobierno no quiere hacer uso de sus reservas de divisas para importar automóviles para el mercado minorista", dijo Peters. "Por tanto, la única manera de que vale la pena para ellos, para importar un auto por $ 20.000 y luego lo venden al por menor, es para absorber 50.000 dólares en liquidez".
En el informe que presentaron las autoridades cubanas la semana pasada sobre las 50 compras de vehículos y cuatro motos dijeron además que el monto recaudado en las transacciones fue casi 1,3 millones de dólares y según la ley será invertido, en un 75%, para mejorar el transporte público. Pero expertos como Peters aseguraron que esa cifra sería poco relevante para un sector que se encuentra muy deteriorado.
Rodolfo Cid, un ingeniero eléctrico de 55 años, hizo el único trámite posible para adquirir un carro antes del levantamiento de la restricción, trabajar en una misión afuera de Cuba y luego tener la autorización para comprar el vehículo.
Hoy se siente burlado y apuñalado por la espalda. La odisea de Cid comenzó hace seis años cuando era empleado de una empresa del Ministerio de la Construcción. Le ofrecieron un contrato en Venezuela a través de Cuba. Caracas pagaba a La Habana 3.000 dólares mensuales y estos le entregan 600 dólares a él, una cantidad modesta pero muy superior a los 20 dólares de sueldo. Una vez que terminara su misión de tres años, obtendría la "carta", como se denominaba a los permisos para adquirir vehículos.
"Tenía que ponerme un una cola y esperé dos años a que llegara mi turno", explicó Cid, un ingeniero eléctrico de 55 años, quien estuvo en Venezuela hasta el 2011. Su plan era poder convertir el automóvil en taxi y contribuir a incrementar el ingreso de su familia, más aún cuando en 2013 se quedó sin empleo. En realidad estaba cerca de lograrlo pero en diciembre de 2013 se enteró por la prensa que el mecanismo de la carta se suspendería y cualquiera podría adquirir un vehículo. El tres de enero, cuando salió la nueva normativa, Cid sintió que el mundo se le caí encima: los precios se habían disparado
"Estaban traicionando la confianza en las instituciones que podía tener gente, incluso correligionarios, que les había cumplido porque en realidad, tanta gente que les deserta, y en definitiva los que no lo hicieron se enfrentaban con esto", dijo Cid. Durante años, la carta para la compra de los vehículos, todos importados pues Cuba no produce automóviles, estaba destinada a quienes justificaban sus ingresos mediante cooperación internacional como médicos y técnicos, por ser diplomáticos o artistas.
En 2011, en una medida separada, el propio Castro había autorizado la compraventa de autos entre particulares que se mantenían en un precio un poco por encima de las cartas de permiso para comprar en las agencias y en consecuencia desde enero también este sector se disparó. "Es absurda esa cantidad de dinero, yo no le puedo llegar ni al más chiquito", dijo Cid.
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Parlamento Europeo pide sancionar al régimen cubano y exige la libertad de José Daniel Ferrer
Los europarlamentarios aprobaron una resolución a favor de la liberación del líder opositor cubano y de todos los presos políticos. Condenaron, además, la "tortura" y el trato "inhumano y degradante" a que son sometidos.
En una resolución aprobada con 380 votos a favor, 182 en contra y 51 abstenciones, el Parlamento Europeo instó el miércoles al régimen cubano a que libere de forma inmediata e incondicional al líder opositor José Daniel Ferrer y a todas las personas detenidas en la isla por ejercer sus derechos de libertad de expresión y de reunión pacífica.
Los eurodiputados condenaron "la tortura y los malos tratos, inhumanos y degradantes infligidos por las autoridades cubanas" contra Ferrer y otros presos políticos, y solicitaron, "a la espera de su puesta en libertad", que reciban atención médica, y que se permita a sus familiares visitarlos en prisión.
El ente legislativo llamó, además, a la Unión Europea a imponer sanciones contra los responsables de las violaciones de derechos humanos en Cuba, y recordó la posibilidad de activar la cláusula de suspensión del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre el bloque continental y el régimen de la isla.
El eurodiputado Jorge Martín Frías, del partido VOX, calificó de repugnante la represión en Cuba y pidió la aplicación de sanciones contra el régimen.
En un discurso pronunciado el miércoles, en Estrasburgo, Francia, ante el Parlamento Europeo, Frías dijo que “repugna que después de 65 años sigamos teniendo que hablar del régimen Castro comunista, de sus presos políticos, de sus múltiples violaciones, de los derechos humanos, de sus asesinatos, de sus secuestros y de su corrupción”.
“Y repugna porque el régimen, una de las dictaduras más longevas y sanguinarias del planeta, perdura por la complicidad de la comunidad internacional de naciones democráticas y de la Unión Europea”, subrayó.
Comentó en ese sentido que si es necesario hablar de Ferrer, quien está recluido en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba, “es por las posiciones timoratas de equilibrismo y de intereses económicos” que dan oxígeno a “oligarcas” del régimen y de “la corrupción”, como Miguel Díaz-Canel.
El europarlamentario calificó de “insólito” que la Comisión Europea e incluso el Parlamento aprobaran en 2017 un Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y “la peste socialista de la Cuba castrista”.
También lamentó que en Cuba hay más de mil presos políticos y que la dictadura comunista da ayuda al régimen de Nicolás Maduro.
Al concluir su declaración, afirmó que la única manera de apoyar de verdad la causa de Ferrer y de la libertad es ser firme y contundente “y asfixiar” a quienes apoyan al gobierno cubano.
“Hay que bloquear sus cuentas en el extranjero, las de sus familiares, impedir que puedan pisar cualquier nación democrática y sancionar a las empresas que colaboran con ellos”, aseveró. “Y para ello, el primer paso es dar cumplimiento al mandato que este Parlamento dio en 2021, fruto de una resolución que lideró el partido que represento, VOX”.
De forma similar se pronunció Raquel García, europarlamentaria del Grupo Renew Europa.
“Renew condena los abusos repetidos de derechos humanos del régimen cubano”, dijo García, tras expresar su inquietud por la salud de Ferrer, quien está recluido desde el 11 de julio de 2021 y ha sido declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional.
“Exigimos al régimen cubano su inmediata puesta en libertad y que se les ofrezca la atención médica adecuada”, dijo.
Al concluir sus palabras ante el Parlamento Europeo, se refirió a la necesidad de sancionar al régimen de Díaz-Canel:
“Queremos recordar también especialmente en el inicio de esta legislatura, que los instrumentos diplomáticos y de política exterior de la Unión Europea, como el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba, instrumentos fundamentados en la buena voluntad y en la reciprocidad de ambas partes, no serán efectivos si no dejamos meridianamente claro que sus infracciones continuadas deben llevar a la aplicación de sus regímenes de sanciones”.
Gabriel Mato, europarlamentario del PP, dijo que el caso Ferrer refleja "la crueldad del régimen" y que el preso político está encerrado sin haber cometido crimen alguno. Está confinado desde las protestas del 11 de julio de 2021, destacó Mato.
"Es hora de que nos pongamos de lado de la libertad y de la democracia en Cuba", dijo. También hay que "suspender" el acuerdo de la UE con Cuba, declaró.
El pasado martes, un grupo de once europarlamentarios presentó una resolución que exige la libertad de Ferrer y que expresa preocupación por su salud en la prisión de Mar Verde.
El proyecto de resolución argumenta que Josep Borrell, responsable de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, está "ignorando o banalizando" lo que ocurre en Cuba, y que es necesario sancionar a la dictadura y suspender el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba.
Pese a la represión del régimen, Alina Bárbara López Hernández logra su protesta en las calles de Matanzas
“Yo pude desarrollar mi acto de protesta pacífica simbólica que hago cada 18 y no tuve ningún problema, incluso, atravesé toda Matanzas con el cartel en blanco al cuello y para acá para mi casa de regreso, igual", dijo la historiadora Alina Bárbara López Hernández.
Las autoridades cubanas arreciaron, en los últimos días, la persecución contra el grupo de intelectuales que protestan el 18 de cada mes en espacios públicos, para exigir demandas políticas y sociales.
La Seguridad del Estado detuvo este miércoles al mediodía a la antropóloga Jenny Pantoja a la salida de su vivienda del municipio habanero Diez de Octubre cuando intentó dirigirse a un parque para desarrollar la acción de protesta. Pocas horas después fue regresada a su hogar:
“Yo decidí que cada vez que esté el patrullero, voy a salir porque yo no tengo por qué estar detenida dentro de la casa arbitrariamente. Salí a las 2 de la tarde y me detuvieron, me llevaron para la estación de Aguilera. Ahí me recogieron las pertenencias y me metieron en el calabozo”.
Agregó que fue “entrevistada” en tres partes y tres tiempos, por oficiales de la Seguridad del Estado que le aseguraron que ellos están “en su derecho constitucional de tomar medidas profilácticas en contra de las personas que, como ella, quieren delinquir”.
El último de los interrogatorios lo practicó una oficial de alto rango: “esta persona me presionó de la misma manera que los anteriores, indicando que es instigación a delinquir el hecho de que uno publique y diga que va a manifestarse; que está instigando a que las personas se sumen y a que haya actos de violencia”.
“Fueron unas entrevistas para coaccionar y para controlar y para que yo desista. Además, amenazantes con respecto a la familia, a mi futuro”, recalcó.
Los agentes de la policía política trataron de intimidar a Jesús Pérez Amarales, el esposo de la antropóloga. “Fue en el momento que arrestaron a Jenny, yo tuve un careo con ellos y me hicieron una serie de amenazas sobre mi trabajo, que saben que yo tengo una licencia [de cuentapropista] y las licencias son para los revolucionarios, dijeron”.
Por otra parte, el periodista y humorista Jorge Fernández Era tuvo que acudir a una citación en la mañana del mismo día al cuartel general de la policía política en La Habana, donde fue advertido por oficiales del Departamento de Contrainteligencia:
“Esta citación para Villa Marista no tuvo otro fin que amedrentarme, meterme mucho miedo en cuanto a mis publicaciones, sobre todo para El Toque. La columna semanal que hago de humor les molesta mucho, me lo dijeron así, abiertamente, que no son escritos ni siquiera humorísticos, que cargan contra la dirigencia de este país, que yo le falto el respeto, que yo desacato bla, bla, bla, que ellos han tenido muchísima paciencia conmigo y que en cualquier momento ellos me imputan delitos mucho más graves y que me pueden llevar a la cárcel”.
“Yo espero que a ellos les haya quedado claro que yo no voy a dar un paso atrás”, resaltó el comunicador.
También fue citado a la estación policial de Zanja en Centro Habana el crítico cultural y psicólogo Raymar Aguado Hernández para comparecer ante el mayor Julio.
Luego de esperar por más de quince minutos al oficial, Aguado se retiró del lugar. “No estoy en la obligación de esperar a ningún actor de los órganos represivos del Estado más allá de la hora de la citación, menos para ser sometido a entrevista, acápite no tipificado dentro de la legalidad cubana”, escribió en su perfil de Facebook.
El historiador y activista afrodescendiente Alexander Hall debe presentarse el jueves a las 8 de la mañana en Villa Marista para ser interrogado por el primer teniente Daniel Licea de Instrucción Penal de la Seguridad del Estado.
“A pesar de que no reconozco la legitimidad de este proceso o de este mecanismo que están implementando, decido asistir para no incurrir, como han advertido otros juristas, y con la experiencia de casos anteriores, en una acción que pueda ser constitutiva de delito”, destacó Hall en una directa en Facebook.
“Además, quiero aclarar enfáticamente que no autorizo bajo interrogatorio la filmación de ningún material audiovisual so pena de incurrir en la violación del derecho a la privacidad por parte de los órganos de la Seguridad del Estado”, subrayó.
Sin embargo, la cabeza más visible de las protestas del 18, Alina Bárbara López Hernández, desarrolló su manifestación sin sufrir represalia, según relató ella misma a nuestra redacción:
“Yo pude desarrollar mi acto de protesta pacífica simbólica que hago cada 18 y no tuve ningún problema, incluso, atravesé toda Matanzas con el cartel en blanco al cuello y para acá para mi casa de regreso, igual; solo un carro patrullero que dio una vuelta en el parque, pero absolutamente ningún inconveniente”.
“Es increíble cómo las personas son amenazadas. Por ejemplo, yo estoy desafiando una medida de reclusión domiciliaria y no ocurrió nada conmigo, sin embargo, a Jenny que también está en reclusión, sí la conducen y Jorge, que ni siquiera está en reclusión, lo amenazan que tiene que estar localizado, o sea que es increíble el modo en que la ley se aplica con total discrecionalidad y con total arbitrariedad”, puntualizó la académica, expulsada de las filas de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) hace pocos días.
Este grupo de intelectuales protesta en diversos espacios públicos de la Isla para demandar la creación de una Asamblea Constituyente que redacte una nueva constitución, que el Estado atienda la crítica situación de ancianos y familias en pobreza extrema, la libertad para los presos políticos sin exilio obligatorio y el cese del acoso a personas que ejercen su libertad de expresión.
Entran en vigor nuevas regulaciones para el sector privado en Cuba
Las nuevas regulaciones entran en vigor mientras Cuba atraviesa su peor crisis económica en décadas, con una grave escasez de alimentos, combustible y medicinas, y un éxodo récord de sus ciudadanos.
Las florecientes empresas privadas de Cuba se preparaban para el impacto de las nuevas medidas del Gobierno, que comenzó a implementar el miércoles una serie de normas enfocadas en regular más estrictamente el sector.
Las nuevas normas se ponen en marcha tres años después de que se legalizaran las empresas privadas tras una prohibición de décadas establecida por el exlíder Fidel Castro.
Las medidas terminan con incentivos para la creación de nuevas empresas, restringen a las mayoristas independientes y añaden nuevos requisitos para quienes buscan iniciar una compañía. También aumentan los impuestos, refuerzan los derechos de los trabajadores, endurecen los requisitos contables y agudizan la supervisión al sector privado.
Las nuevas regulaciones entran en vigor mientras Cuba atraviesa su peor crisis económica en décadas, con una grave escasez de alimentos, combustible y medicinas, y un éxodo récord de sus ciudadanos.
"El Gobierno cubano necesita al sector privado para ayudar a la economía a recuperarse, pero desconfía de él y quiere mantenerlo bajo un estricto control estatal", dijo William LeoGrande, profesor de American University de Washington.
El Gobierno sostiene que las reglas son necesarias para "corregir distorsiones" en la economía y asegurar que la empresa privada beneficie a la población en general. Las ciudades y los pueblos ahora pueden negar una licencia a una empresa que no se ajuste a un plan de desarrollo local, y los municipios pueden fijar precios en algunos casos.
"No se trata de una cruzada contra las formas no estatales de gestión (...) sino de enmarcarlas en la legalidad", dijo el ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez.
Hay mucho en juego, dice Oniel Díaz, cofundador de la consultora AUGE, que asesora a más de 200 clientes de pequeñas empresas cubanas.
Díaz dijo que algunas de las normas, como la lucha contra la evasión fiscal, son comprensibles, mientras que otras sólo desacelerarán aún más la economía.
"La pregunta es (...) si estas medidas (...) contribuyen o no a sacar al país de la crisis económica en la que se ha visto sumido, y la respuesta es no", añadió Díaz.
El sector privado ha sido un raro punto brillante en una economía por lo demás anémica que no se ha recuperado de la pandemia de COVID-19 y se mantiene lastrada debido a un embargo comercial estadounidense de décadas.
Cuba, en tres años, ha aprobado 11.355 empresas privadas.
Los empleados del sector, junto con 600.000 trabajadores por cuenta propia, ahora representan el 25% de los empleos y el 15% de las importaciones, según datos oficiales.
Los pequeños minoristas privados pueden ser los más afectados por los nuevos obstáculos contables y una norma que requiere que los mayoristas trabajen a través de empresas estatales cuando importan desde el extranjero.
Más de 2 años de cárcel a opositor cubano por memes de Díaz-Canel, Raúl y Fidel Castro en grupo de WhatsApp familiar
El opositor cubano José Manuel Barreiro Rouco fue sentenciado a dos años y medio de cárcel por intercambiar memes en un grupo privado de WhatsApp de su familia en los que "se le atribuían epítetos degradantes" a Díaz-Canel, Raúl y Fidel Castro.
El Tribunal Municipal de Cienfuegos condenó al opositor José Manuel Barreiro Rouco a dos años y medio de privación de libertad por “realizar acciones denigrantes y ofensivas que afectan el honor y la integridad de figuras relevantes de la Revolución Cubana”, incluyendo al gobernante Miguel Díaz-Canel, Raúl Castro y Fidel Castro.
El juicio, celebrado el lunes, dejó el caso concluso para sentencia, que debe hacerse firme en los 10 días siguientes a la audiencia.
Barreiro Rouco, de 52 años y barbero de oficio, fue arrestado el 15 de junio de 2023 en el municipio cienfueguero de Aguada de Pasajeros, incriminado, inicialmente, por el presunto delito de otros actos contra la seguridad del Estado y una relación con presuntos grupos “contrarrevolucionarios”.
“Eso era un WhatsApp familiar y ellos [ los investigadores policiales] lo supieron después que decomisaron el teléfono. Los memes no son públicos, los memes fueron intercambiados entre hermanos, primos, familias, tíos”, recalcó desde Aguada de Pasajeros Juan Alberto De la Nuez, presidente del independiente Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación, del que es parte Barreiro Rouco.
“En el juicio no pudieron demostrar que los memes eran públicos. Es una injusticia”, agregó De la Nuez.
De acuerdo con la petición del órgano acusador, Barreiro Rouco compartió en un grupo de Messenger llamado Familly, "imágenes en las que se le atribuían epítetos degradantes" a Díaz-Canel, Raúl y Fidel Castro.
El hermano del activista condenado, Pavel Pérez Rouco, confirmó en un post en Facebook que se trataba de un grupo familiar en WhatsApp.
Finalmente, el opositor, manifestante del 11 de julio de 2021, fue juzgado por cargos de desacato y tenencia y venta ilegal de dólares.
“El caso de José Manuel Barreiro es una muestra de las violaciones extremas de derechos humanos que existen en Cuba, violación de la libertad de expresión, violación a la privacidad. Estamos hablando de una persona a la que le están pidiendo dos años y medios de cárcel por compartir unas imágenes que hacían alusión a dirigentes del régimen en un grupo privado de su familia de 11 personas”, dijo el periodista y profesor universitario cubano José Raúl Gallego, residente en México.
“O sea, ¿a dónde llega el extremo de la persecución, de los abusos, de la paranoia, que pueden meter preso a una persona por lo que comparte con su familia, en un entorno cerrado que no tiene ningún tipo de alcance?", cuestionó.
El opositor permaneció durante seis meses en prisión preventiva, hasta que su abogado logró cambiar su medida cautelar a la de prisión domiciliar, bajo la que se encuentra hasta que la sentencia se haga firme.
Martí Noticias trató de entrevistar a Barreiro Rouco pero no recibió respuesta a las llamadas telefónicas.
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