Cuba
Cuba: 60 años sin derechos humanos
La Declaración Universal de los Derechos Humanos cumplió este año el 70 aniversario de su creación. Cuba, que fue uno de los países inspiradores de ese texto, tiene todavía por delante un largo trecho que andar en el cumplimiento de esa tarea.
Siete décadas después que los delegados de 56 gobiernos aprobaron en París la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sus postulados son todavía una quimera en un buen número de países.
La Declaración que surgió ese 10 de diciembre de 1948 fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III), tras años de un arduo estudio, múltiples reuniones, debates, decenas de borradores y enmiendas.
En ocasión de este 70 aniversario la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, destacó en una declaración que desde su aprobación, la Declaración “ha servido de base a innumerables transformaciones positivas en la vida de millones de personas en el mundo entero y ha influido en unas 90 Constituciones nacionales y numerosas leyes e instituciones nacionales, regionales e internacionales”.
“Pero, 70 años después de su aprobación, la tarea a la que la Declaración Universal de Derechos Humanos nos convoca está lejos de haber terminado. Y nunca concluirá”, concluyó Bachelet.
En el ámbito internacional de derechos humanos Cuba tiene tres compromisos pendientes con Naciones Unidas:
Cuba no ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ni el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos firmados el 28 de febrero de 2008.
Tampoco ha firmado la Convención Internacional sobre la protección de derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, ni el Protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Además, la dictadura comunista cubana no es signataria del Estatuto de Roma, el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional. Que fue adoptado en la capital italiana, el 17 de julio de 1998, durante la "Conferencia Diplomática de plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional".
En su más reciente informe 2017/2018 sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, Amnistía Internacional describe así la realidad que la dictadura comunista ha impuesto a los cubanos.
“La detención arbitraria, los despidos discriminatorios de empleados y empleadas estatales y el hostigamiento de trabajadores y trabajadoras por cuenta propia seguían empleándose para silenciar las críticas. La censura persistente tanto en Internet como fuera de la Red debilitaba los avances en materia de educación. Cuba continuaba básicamente cerrada para los mecanismos independientes de observación de los derechos humanos”, afirmó AI.
El informe de AI es uno de varios documentos sobre el tema en relación con Cuba elaborados a lo largo de 2018 por organizaciones internacionales como Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Reporteros Sin Fronteras y la Sociedad Interamericana de Prensa, entre otros, donde se reiteran las denuncias a las violaciones de los derechos por régimen comunista cubano.
Organizaciones no gubernamentales que monitorean la situación de los derechos humanos en Cuba, dan cuenta cada mes de los arrestos con marcados motivos políticos y las actos represivos que enfrentan los opositores en la isla.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), con sede en La Habana, difunde en su sitio web el trabajo de monitoreo que realizan sus activistas dentro de Cuba.
En su último informe correspondiente al pasado mes de noviembre la CCDHRN reporta 247 detenciones por motivos netamente políticos, una cifra superior a la registrada en el mes de octubre, de 202 arrestos.
La CCDHRN dice tener "certeza de que son muchos más los casos de arrestos u otras formas de hostigamiento que no pueden conocerse de inmediato debido a la opacidad con que actúan las fuerza represivas y al carácter cerrado del régimen totalitario".
Un monitoreo similar, utilizando sus fuentes en la isla, realiza desde Madrid el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) que reportó al menos 210 detenciones arbitrarias realizadas en el mes de noviembre.
"Los arrestos impidieron la asistencia a reuniones convocadas por el propio gobierno sobre la reforma constitucional. Además, pretendían silenciar la libre expresión de personas que exhortaban a votar “no” en el próximo referéndum (sobre la Constitución). También fueron reprimidos, con detenciones incluidas, los intentos de (promover el “no” en algunas iglesias cristianas", dijo el OCDH en su sitio web.
Desde Miami, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC) promueve y ofrece asistencia en materia de derechos humanos a los cubanos dentro y fuera de la isla.
A raíz del conflicto con los médicos cubanos que trabajaban en Brasil, la FDHC reveló que desde el pasado año ha investigado y recopilado "evidencias sobre la Trata y Tráfico de Personas por parte del gobierno cubano con el Programa Más Médicos (Mais Médicos). Dicha práctica expresa una modalidad moderna de esclavitud en la que miles de ciudadanos cubanos vienen siendo "exportados" por el régimen con la complicidad de otros gobiernos y organizaciones internacionales".
En una nota de prensa publicada en su sitio web la FDHC informó que ha otorgado "desde hace diez meses, apoyo legal a aquellas víctimas que decidieron reclamar una compensación denunciando ante los tribunales a los autores, cómplices, encubridores y facilitadores de este crimen internacional".
Un gran número de grupos de opositores, con mayor o menor capacidad organizativa, participan igualmente dentro y fuera de Cuba en el monitoreo y defensa de los derechos humanos en la isla, y en muchas ocasiones sus líneas de acción se mezclan entre la militancia política y el activismo cívico. Pero un recuento exhaustivo de cada uno de ellos, superaría los límites de este reportaje.
En la larga contienda sostenida por los cubanos durante 60 años contra la dictadura comunista, el movimiento de derechos humanos ocupa un lugar relevante y de características únicas.
Los orígenes del movimiento de derechos humanos en Cuba
La creación de organizaciones cívicas y no violentas, como método de lucha, no tiene antecedentes en la historia de Cuba durante el período republicano precastrista, ni mucho menos tampoco durante el de la colonia y las guerras independentistas.
El referente histórico de ese proceso en la isla hay que buscarlo en movimientos similares originados en los países de la Europa Oriental, dominados entonces por el comunismo soviético, así como en la propia Unión Soviética.
Fue dentro de este contexto que se comenzó a incubarse el Comité Cubano Pro Derechos Humanos (CCPDH), que cumplirá por estos días 42 años de existencia, durante los cuales el movimiento disidente ha recorrido un inédito y complejo camino de logros y fracasos, pero siempre hacia adelante en el proceso de democratización del país.
El CCPDH se fundó formalmente el 28 de enero de 1976. Sus organizadores quisieron que la fecha coincidiera con el aniversario del natalicio de José Martí.
El grupo se creó bajo la dirección de Ricardo Bofill Pagés y un reducido grupo de colaboradores, ex presos políticos, todos procedentes de las filas del antiguo Partido Socialista Popular (Comunista), -Adolfo Rivero Caro, Elizardo Sánchez Santacruz, Edmigio López Castillo y Enrique Hernández Méndez --, quienes buscaron y encontraron el respaldo de una respetada figura revolucionaria de la época para su audaz proyecto: Marta Frayde.
Obstetra de profesión, Frayde fue una incansable activista por el adecentamiento de la república, amiga personal de Castro, y fungió como embajadora de Cuba ante la UNESCO en París hasta que renunció al cargo y regresó a La Habana, alarmada por la creciente represión política de la revolución devenida en dictadura marxista-leninista.
De aquella reunión formal, en su casa del reparto habanero de El Vedado, surgió el primer comunicado de prensa del CCPDH, que la propia Frayde entregaría a varias sedes diplomáticas y que se encuentra en los archivos de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra.
Meses después Frayde fue arrestada y condenada a 20 años de cárcel, acusada de ser agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Salió al exilio en España en 1979.
Hace una década, al conmemorarse el 60 Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Bofill reflexionaba así sobre el tema, durante un taller celebrado en la Universidad Internacional de la Florida.
La institucionalización del CCPDH en 1976 no fue un acto improvisado, ni el resultado de una decisión entusiasta. Había sido la culminación de un proceso iniciado en 1967 en las cárceles, cuando Bofill y López cumplían condenas bajo cargos de ''diversionismo ideológico'' en una causa conocida como La Microfracción, en la cual fueron involucrados varios antiguos militantes de la Juventud y el Partido Socialista Popular.
Durante ese período en la prisión, la colaboración del abogado Aramís Taboada resultó de trascendental importancia. Compañero de la época estudiantil de Castro, Taboada estaba preso junto con un grupo de jueces y altos funcionarios del poder judicial bajo supuestos cargos de corrupción y facilitó a la CCPDH importantes datos sobre juicios políticos fraudulentos, que los activistas hicieron llegar a Naciones Unidas en Ginebra.
La creación del CCPDH abrió una nueva etapa en la lucha contra el castrismo. Los movimientos subversivos internos habían sido liquidados por el régimen y la opción cívica, abierta, en favor de los derechos humanos que planteaban sus partidarios, parecía cuando menos una utopía.
El movimiento de derechos humanos, que nacía con el CCPDH, descorrió la cortina de silencio y anonimato en que había quedado sumida la oposición anticastrista.
Incluso el propio régimen se tuvo que enfrentar a un discurso y una acción opositora muy diferente a la que había combatido hasta entonces. En ese sentido fue un reto para todos los sectores implicados en la política nacional.
Cuando en abril de 1980 se producen los sucesos de la Embajada del Perú y el consiguiente Exodo de El Mariel, el régimen encarcela de nuevo a Bofill y López, así como a Rivero y Sánchez, bajo diversos pretextos, relacionados con el cargo común de ``conductas antisociales''.
Es precisamente, en ese período de dos años, dentro de la prisión del Combinado del Este en La Habana, cuando el CCPDH se fortalece. Se organiza mejor dentro de la prisión, establecen contactos con otros disidentes en las calles y se establecen canales secretos para enviar denuncias y comunicados que llegan a los medios de prensa en el exterior y a organismos como Amnistía Internacional.
En el Combinado del Este se amplían también los contactos entre estos activistas de derechos humanos y varios integrantes del denominado presidio político histórico, entre ellos el ex comandante rebelde Ramón Guin Díaz, Alfredo Mustelier Nuevo, Ernesto Díaz Rodríguez y el ex combatiente del Moncada y expedicionario del Granma, Mario Chánes de Armas.
Otras figuras más jóvenes encarceladas en el Combinado, procedentes también de la nueva disidencia, se incorporan al CCPDH, como es el caso de Ariel Hidalgo, quien jugó un importante papel en la consolidación del movimiento de derechos humanos.
Fue durante esa etapa cuando el CCPDH se nutrió con figuras políticas, intelectuales y simpatizantes de otras corrientes opositoras del país, como Gustavo y Sebastián Arcos Bergnes, Jesús Yánez Pelletier, Oscar Peña, Tania Díaz Castro, Samuel Martínez Lara, Reinaldo Bragado, Roberto Bermúdez, Rolando Cartaya, Hiram Abí Cobas y Pablo Llabre Laurel, entre otros, al mismo tiempo que comenzaron a constituirse comités de apoyo en el exterior.
Entre los varios factores que contribuyeron a ese fortalecimiento está la creación de Radio Martí en 1985, la emisora oficial del gobierno estadounidense con una programación destinada a Cuba.
En un régimen donde la voz de la oposición no había tenido hasta entonces resonancia nacional, los activistas de derechos humanos comenzaron de inmediato a utilizar sus programas para divulgar sus denuncias.
Es así como el 5 de febrero de 1988 Radio Martí transmite por primera vez una entrevista grabada en La Habana a un grupo de dirigentes del CCPDH. Se trata de una ''mesa redonda'', titulada Coloquio en La Habana, dirigida por Rolando Cartaya. En el programa participan Bofill, Bragado, Díaz Castro, Eddie López, Raúl Montesinos y Rafael Saumell.
En su libro La Fisura, apuntes para una historia del movimiento de derechos humanos en Cuba, el escritor Reinaldo Bragado, fallecido prematuramente, deja constancia también de esa colaboración, al referirse a un artículo suyo, "Una misa en busca de su ceiba", fragmentos del cual la emisora Radio Martí transmitió hacia la isla en el programa "Los Derechos Humanos al día", del periodista Jorge Ríopedre, constituyendo el primer documento periodístico redactado en Cuba que la emisora difundió hacia Cuba.
Aunque los principales dirigentes del movimiento de derechos humanos de Cuba han tenido la precaución de archivar y catalogar documentos, comentarios y artículos periodísticos que recogen su desarrollo a lo largo de estos 42 años, buen número de los cuales han sido reseñados por este autor, es imposible resumir en un análisis periodístico un proceso tan complejo.
Esa es una tarea que corresponde a los historiadores.
En las últimas cuatro décadas han surgido en Cuba decenas de grupos cívicos y de derechos humanos. De todo signo y color político. La mayoría sin una militancia masiva, que en ocasiones intercambian liderazgos y títulos.
Algunos han querido ver en tal diversidad una fragmentación inútil de la oposición. Otros apuntan al quehacer de los servicios de inteligencia que han utilizado todo el arsenal disponible para obstaculizar el desarrollo del movimiento opositor.
Quizás nada defina mejor el camino recorrido por el movimiento de derechos humanos y la oposición interna, que las notas publicadas por Bragado, en La Fisura, que reúne importantes documentos para la historia de ese proceso y su reconocimiento nacional e internacional:
``Ha sido difícil conseguir este reconocimiento pero, una vez conseguido, entra a formar parte de una nueva realidad. La correlación de fuerzas entre el gobierno y la oposición sigue a favor del gobierno aunque también sigue cambiando, lenta pero inexorablemente, a favor de la oposición. La lucha por hacer cada vez más visible la oposición de la isla sigue teniendo una importancia decisiva'', comentó Bragado.
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Parlamento Europeo pide sancionar al régimen cubano y exige la libertad de José Daniel Ferrer
Los europarlamentarios aprobaron una resolución a favor de la liberación del líder opositor cubano y de todos los presos políticos. Condenaron, además, la "tortura" y el trato "inhumano y degradante" a que son sometidos.
En una resolución aprobada con 380 votos a favor, 182 en contra y 51 abstenciones, el Parlamento Europeo instó el miércoles al régimen cubano a que libere de forma inmediata e incondicional al líder opositor José Daniel Ferrer y a todas las personas detenidas en la isla por ejercer sus derechos de libertad de expresión y de reunión pacífica.
Los eurodiputados condenaron "la tortura y los malos tratos, inhumanos y degradantes infligidos por las autoridades cubanas" contra Ferrer y otros presos políticos, y solicitaron, "a la espera de su puesta en libertad", que reciban atención médica, y que se permita a sus familiares visitarlos en prisión.
El ente legislativo llamó, además, a la Unión Europea a imponer sanciones contra los responsables de las violaciones de derechos humanos en Cuba, y recordó la posibilidad de activar la cláusula de suspensión del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre el bloque continental y el régimen de la isla.
El eurodiputado Jorge Martín Frías, del partido VOX, calificó de repugnante la represión en Cuba y pidió la aplicación de sanciones contra el régimen.
En un discurso pronunciado el miércoles, en Estrasburgo, Francia, ante el Parlamento Europeo, Frías dijo que “repugna que después de 65 años sigamos teniendo que hablar del régimen Castro comunista, de sus presos políticos, de sus múltiples violaciones, de los derechos humanos, de sus asesinatos, de sus secuestros y de su corrupción”.
“Y repugna porque el régimen, una de las dictaduras más longevas y sanguinarias del planeta, perdura por la complicidad de la comunidad internacional de naciones democráticas y de la Unión Europea”, subrayó.
Comentó en ese sentido que si es necesario hablar de Ferrer, quien está recluido en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba, “es por las posiciones timoratas de equilibrismo y de intereses económicos” que dan oxígeno a “oligarcas” del régimen y de “la corrupción”, como Miguel Díaz-Canel.
El europarlamentario calificó de “insólito” que la Comisión Europea e incluso el Parlamento aprobaran en 2017 un Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y “la peste socialista de la Cuba castrista”.
También lamentó que en Cuba hay más de mil presos políticos y que la dictadura comunista da ayuda al régimen de Nicolás Maduro.
Al concluir su declaración, afirmó que la única manera de apoyar de verdad la causa de Ferrer y de la libertad es ser firme y contundente “y asfixiar” a quienes apoyan al gobierno cubano.
“Hay que bloquear sus cuentas en el extranjero, las de sus familiares, impedir que puedan pisar cualquier nación democrática y sancionar a las empresas que colaboran con ellos”, aseveró. “Y para ello, el primer paso es dar cumplimiento al mandato que este Parlamento dio en 2021, fruto de una resolución que lideró el partido que represento, VOX”.
De forma similar se pronunció Raquel García, europarlamentaria del Grupo Renew Europa.
“Renew condena los abusos repetidos de derechos humanos del régimen cubano”, dijo García, tras expresar su inquietud por la salud de Ferrer, quien está recluido desde el 11 de julio de 2021 y ha sido declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional.
“Exigimos al régimen cubano su inmediata puesta en libertad y que se les ofrezca la atención médica adecuada”, dijo.
Al concluir sus palabras ante el Parlamento Europeo, se refirió a la necesidad de sancionar al régimen de Díaz-Canel:
“Queremos recordar también especialmente en el inicio de esta legislatura, que los instrumentos diplomáticos y de política exterior de la Unión Europea, como el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba, instrumentos fundamentados en la buena voluntad y en la reciprocidad de ambas partes, no serán efectivos si no dejamos meridianamente claro que sus infracciones continuadas deben llevar a la aplicación de sus regímenes de sanciones”.
Gabriel Mato, europarlamentario del PP, dijo que el caso Ferrer refleja "la crueldad del régimen" y que el preso político está encerrado sin haber cometido crimen alguno. Está confinado desde las protestas del 11 de julio de 2021, destacó Mato.
"Es hora de que nos pongamos de lado de la libertad y de la democracia en Cuba", dijo. También hay que "suspender" el acuerdo de la UE con Cuba, declaró.
El pasado martes, un grupo de once europarlamentarios presentó una resolución que exige la libertad de Ferrer y que expresa preocupación por su salud en la prisión de Mar Verde.
El proyecto de resolución argumenta que Josep Borrell, responsable de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, está "ignorando o banalizando" lo que ocurre en Cuba, y que es necesario sancionar a la dictadura y suspender el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba.
Pese a la represión del régimen, Alina Bárbara López Hernández logra su protesta en las calles de Matanzas
“Yo pude desarrollar mi acto de protesta pacífica simbólica que hago cada 18 y no tuve ningún problema, incluso, atravesé toda Matanzas con el cartel en blanco al cuello y para acá para mi casa de regreso, igual", dijo la historiadora Alina Bárbara López Hernández.
Las autoridades cubanas arreciaron, en los últimos días, la persecución contra el grupo de intelectuales que protestan el 18 de cada mes en espacios públicos, para exigir demandas políticas y sociales.
La Seguridad del Estado detuvo este miércoles al mediodía a la antropóloga Jenny Pantoja a la salida de su vivienda del municipio habanero Diez de Octubre cuando intentó dirigirse a un parque para desarrollar la acción de protesta. Pocas horas después fue regresada a su hogar:
“Yo decidí que cada vez que esté el patrullero, voy a salir porque yo no tengo por qué estar detenida dentro de la casa arbitrariamente. Salí a las 2 de la tarde y me detuvieron, me llevaron para la estación de Aguilera. Ahí me recogieron las pertenencias y me metieron en el calabozo”.
Agregó que fue “entrevistada” en tres partes y tres tiempos, por oficiales de la Seguridad del Estado que le aseguraron que ellos están “en su derecho constitucional de tomar medidas profilácticas en contra de las personas que, como ella, quieren delinquir”.
El último de los interrogatorios lo practicó una oficial de alto rango: “esta persona me presionó de la misma manera que los anteriores, indicando que es instigación a delinquir el hecho de que uno publique y diga que va a manifestarse; que está instigando a que las personas se sumen y a que haya actos de violencia”.
“Fueron unas entrevistas para coaccionar y para controlar y para que yo desista. Además, amenazantes con respecto a la familia, a mi futuro”, recalcó.
Los agentes de la policía política trataron de intimidar a Jesús Pérez Amarales, el esposo de la antropóloga. “Fue en el momento que arrestaron a Jenny, yo tuve un careo con ellos y me hicieron una serie de amenazas sobre mi trabajo, que saben que yo tengo una licencia [de cuentapropista] y las licencias son para los revolucionarios, dijeron”.
Por otra parte, el periodista y humorista Jorge Fernández Era tuvo que acudir a una citación en la mañana del mismo día al cuartel general de la policía política en La Habana, donde fue advertido por oficiales del Departamento de Contrainteligencia:
“Esta citación para Villa Marista no tuvo otro fin que amedrentarme, meterme mucho miedo en cuanto a mis publicaciones, sobre todo para El Toque. La columna semanal que hago de humor les molesta mucho, me lo dijeron así, abiertamente, que no son escritos ni siquiera humorísticos, que cargan contra la dirigencia de este país, que yo le falto el respeto, que yo desacato bla, bla, bla, que ellos han tenido muchísima paciencia conmigo y que en cualquier momento ellos me imputan delitos mucho más graves y que me pueden llevar a la cárcel”.
“Yo espero que a ellos les haya quedado claro que yo no voy a dar un paso atrás”, resaltó el comunicador.
También fue citado a la estación policial de Zanja en Centro Habana el crítico cultural y psicólogo Raymar Aguado Hernández para comparecer ante el mayor Julio.
Luego de esperar por más de quince minutos al oficial, Aguado se retiró del lugar. “No estoy en la obligación de esperar a ningún actor de los órganos represivos del Estado más allá de la hora de la citación, menos para ser sometido a entrevista, acápite no tipificado dentro de la legalidad cubana”, escribió en su perfil de Facebook.
El historiador y activista afrodescendiente Alexander Hall debe presentarse el jueves a las 8 de la mañana en Villa Marista para ser interrogado por el primer teniente Daniel Licea de Instrucción Penal de la Seguridad del Estado.
“A pesar de que no reconozco la legitimidad de este proceso o de este mecanismo que están implementando, decido asistir para no incurrir, como han advertido otros juristas, y con la experiencia de casos anteriores, en una acción que pueda ser constitutiva de delito”, destacó Hall en una directa en Facebook.
“Además, quiero aclarar enfáticamente que no autorizo bajo interrogatorio la filmación de ningún material audiovisual so pena de incurrir en la violación del derecho a la privacidad por parte de los órganos de la Seguridad del Estado”, subrayó.
Sin embargo, la cabeza más visible de las protestas del 18, Alina Bárbara López Hernández, desarrolló su manifestación sin sufrir represalia, según relató ella misma a nuestra redacción:
“Yo pude desarrollar mi acto de protesta pacífica simbólica que hago cada 18 y no tuve ningún problema, incluso, atravesé toda Matanzas con el cartel en blanco al cuello y para acá para mi casa de regreso, igual; solo un carro patrullero que dio una vuelta en el parque, pero absolutamente ningún inconveniente”.
“Es increíble cómo las personas son amenazadas. Por ejemplo, yo estoy desafiando una medida de reclusión domiciliaria y no ocurrió nada conmigo, sin embargo, a Jenny que también está en reclusión, sí la conducen y Jorge, que ni siquiera está en reclusión, lo amenazan que tiene que estar localizado, o sea que es increíble el modo en que la ley se aplica con total discrecionalidad y con total arbitrariedad”, puntualizó la académica, expulsada de las filas de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) hace pocos días.
Este grupo de intelectuales protesta en diversos espacios públicos de la Isla para demandar la creación de una Asamblea Constituyente que redacte una nueva constitución, que el Estado atienda la crítica situación de ancianos y familias en pobreza extrema, la libertad para los presos políticos sin exilio obligatorio y el cese del acoso a personas que ejercen su libertad de expresión.
Entran en vigor nuevas regulaciones para el sector privado en Cuba
Las nuevas regulaciones entran en vigor mientras Cuba atraviesa su peor crisis económica en décadas, con una grave escasez de alimentos, combustible y medicinas, y un éxodo récord de sus ciudadanos.
Las florecientes empresas privadas de Cuba se preparaban para el impacto de las nuevas medidas del Gobierno, que comenzó a implementar el miércoles una serie de normas enfocadas en regular más estrictamente el sector.
Las nuevas normas se ponen en marcha tres años después de que se legalizaran las empresas privadas tras una prohibición de décadas establecida por el exlíder Fidel Castro.
Las medidas terminan con incentivos para la creación de nuevas empresas, restringen a las mayoristas independientes y añaden nuevos requisitos para quienes buscan iniciar una compañía. También aumentan los impuestos, refuerzan los derechos de los trabajadores, endurecen los requisitos contables y agudizan la supervisión al sector privado.
Las nuevas regulaciones entran en vigor mientras Cuba atraviesa su peor crisis económica en décadas, con una grave escasez de alimentos, combustible y medicinas, y un éxodo récord de sus ciudadanos.
"El Gobierno cubano necesita al sector privado para ayudar a la economía a recuperarse, pero desconfía de él y quiere mantenerlo bajo un estricto control estatal", dijo William LeoGrande, profesor de American University de Washington.
El Gobierno sostiene que las reglas son necesarias para "corregir distorsiones" en la economía y asegurar que la empresa privada beneficie a la población en general. Las ciudades y los pueblos ahora pueden negar una licencia a una empresa que no se ajuste a un plan de desarrollo local, y los municipios pueden fijar precios en algunos casos.
"No se trata de una cruzada contra las formas no estatales de gestión (...) sino de enmarcarlas en la legalidad", dijo el ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez.
Hay mucho en juego, dice Oniel Díaz, cofundador de la consultora AUGE, que asesora a más de 200 clientes de pequeñas empresas cubanas.
Díaz dijo que algunas de las normas, como la lucha contra la evasión fiscal, son comprensibles, mientras que otras sólo desacelerarán aún más la economía.
"La pregunta es (...) si estas medidas (...) contribuyen o no a sacar al país de la crisis económica en la que se ha visto sumido, y la respuesta es no", añadió Díaz.
El sector privado ha sido un raro punto brillante en una economía por lo demás anémica que no se ha recuperado de la pandemia de COVID-19 y se mantiene lastrada debido a un embargo comercial estadounidense de décadas.
Cuba, en tres años, ha aprobado 11.355 empresas privadas.
Los empleados del sector, junto con 600.000 trabajadores por cuenta propia, ahora representan el 25% de los empleos y el 15% de las importaciones, según datos oficiales.
Los pequeños minoristas privados pueden ser los más afectados por los nuevos obstáculos contables y una norma que requiere que los mayoristas trabajen a través de empresas estatales cuando importan desde el extranjero.
Más de 2 años de cárcel a opositor cubano por memes de Díaz-Canel, Raúl y Fidel Castro en grupo de WhatsApp familiar
El opositor cubano José Manuel Barreiro Rouco fue sentenciado a dos años y medio de cárcel por intercambiar memes en un grupo privado de WhatsApp de su familia en los que "se le atribuían epítetos degradantes" a Díaz-Canel, Raúl y Fidel Castro.
El Tribunal Municipal de Cienfuegos condenó al opositor José Manuel Barreiro Rouco a dos años y medio de privación de libertad por “realizar acciones denigrantes y ofensivas que afectan el honor y la integridad de figuras relevantes de la Revolución Cubana”, incluyendo al gobernante Miguel Díaz-Canel, Raúl Castro y Fidel Castro.
El juicio, celebrado el lunes, dejó el caso concluso para sentencia, que debe hacerse firme en los 10 días siguientes a la audiencia.
Barreiro Rouco, de 52 años y barbero de oficio, fue arrestado el 15 de junio de 2023 en el municipio cienfueguero de Aguada de Pasajeros, incriminado, inicialmente, por el presunto delito de otros actos contra la seguridad del Estado y una relación con presuntos grupos “contrarrevolucionarios”.
“Eso era un WhatsApp familiar y ellos [ los investigadores policiales] lo supieron después que decomisaron el teléfono. Los memes no son públicos, los memes fueron intercambiados entre hermanos, primos, familias, tíos”, recalcó desde Aguada de Pasajeros Juan Alberto De la Nuez, presidente del independiente Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación, del que es parte Barreiro Rouco.
“En el juicio no pudieron demostrar que los memes eran públicos. Es una injusticia”, agregó De la Nuez.
De acuerdo con la petición del órgano acusador, Barreiro Rouco compartió en un grupo de Messenger llamado Familly, "imágenes en las que se le atribuían epítetos degradantes" a Díaz-Canel, Raúl y Fidel Castro.
El hermano del activista condenado, Pavel Pérez Rouco, confirmó en un post en Facebook que se trataba de un grupo familiar en WhatsApp.
Finalmente, el opositor, manifestante del 11 de julio de 2021, fue juzgado por cargos de desacato y tenencia y venta ilegal de dólares.
“El caso de José Manuel Barreiro es una muestra de las violaciones extremas de derechos humanos que existen en Cuba, violación de la libertad de expresión, violación a la privacidad. Estamos hablando de una persona a la que le están pidiendo dos años y medios de cárcel por compartir unas imágenes que hacían alusión a dirigentes del régimen en un grupo privado de su familia de 11 personas”, dijo el periodista y profesor universitario cubano José Raúl Gallego, residente en México.
“O sea, ¿a dónde llega el extremo de la persecución, de los abusos, de la paranoia, que pueden meter preso a una persona por lo que comparte con su familia, en un entorno cerrado que no tiene ningún tipo de alcance?", cuestionó.
El opositor permaneció durante seis meses en prisión preventiva, hasta que su abogado logró cambiar su medida cautelar a la de prisión domiciliar, bajo la que se encuentra hasta que la sentencia se haga firme.
Martí Noticias trató de entrevistar a Barreiro Rouco pero no recibió respuesta a las llamadas telefónicas.
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