Edel González Jiménez, expresidente del Tribunal Provincial de Villa Clara, propuso abrir un "diálogo nacional inclusivo" para abordar las carencias de los derechos fundamentales en Cuba.
En una comparecencia en Madrid, organizada por Cuban Prisoners Defenders, el juez pidió a La Habana priorizar un debate sobre las libertades de movimiento, expresión, asociación y el derecho a la propiedad.
"Si no se armonizan estos derechos, hay peligro de un estallido social en Cuba. Ahora hay mucha incertidumbre por los enfrentamientos entre los ciudadanos y el Estado. Cada día que pasa, el sistema pierde legitimidad. No abrirse en derechos humanos es una soga para su propio cuello", indicó González.
El que fuera la máxima autoridad judicial villaclareña entre 2014 y 2018 señaló que "el pueblo ha acompañado a ese sistema, incondicionalmente, desde 1959", por lo que ahora el régimen debe aceptar trabajar por los derechos humanos, "aunque sea por misericordia".
En su opinión, dentro del Gobierno y el Partido Comunista hay dirigentes conscientes de la necesidad de cambios, "con una alta sensibilidad, que saben que estos temas de derechos humanos les están golpeando y deslegitimando la propia imagen del país".
Sin embargo, "el propio bloqueo interno y el temor los está frenando".
Edel González Jiménez fue nombrado presidente del Tribunal Provincial de Villa en junio de 2014, según reportes de la prensa oficial. A su cargo estaban 65 jueces.
A pesar de considerar que no existe independencia judicial en Cuba, niega la intromisión de la Seguridad del Estado en las decisiones judiciales vinculadas a la disidencia, y atribuye las sentencias condenatorias al miedo de los jueces.
"Nunca recibí, en 17 años, ningún tipo de interferencia. Ni del Partido ni del Gobierno", asegura. "¿Qué pasa cuando un asunto tiene naturaleza política? Pues entonces hay miedo. Ese temor que tenemos nosotros [los jueces], puede incidir negativamente en que se consiga la justicia".
Excesos en la población penal
Las organizaciones Cuban Prisoners Defenders y Civil Rights Defenders estimaron en la conferencia de prensa que Cuba es "el primer país del mundo" en cantidad de presos, en relación con su población total.
Los datos extraídos de documentos oficiales indican que permanecen encarceladas 90.000 personas. Unos 8.400 mil cubanos están bajo rejas por la "ley de peligrosidad social pre-delictiva", y otros 126 por motivos políticos.
Sobre este último grupo, el juez González Jiménez pidió al Tribunal Supremo la revisión de todos los procesos. Además, cuestionó la ausencia de un tribunal de garantías constitucionales en la isla, la indefinición del delito de "traición a la patria" y las afectaciones producidas por el embargo de Estados Unidos.
El juez reside en Perú, donde imparte clases en una universidad privada. Su aspiración es regresar pronto a Cuba.